La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han presentado este miércoles en Toledo la Guía para la prevención de la corrupción en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, fruto de la colaboración entre el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades. En la apertura de la jornada participaron el rector, Miguel Ángel Collado, y el vicepresidente primero del Ejecutivo castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro.
“Es un tema capital para cualquier ciudadano, establecer mecanismos para evitar la corrupción, no solo sancionarla a posteriori”, señaló el rector en declaraciones previas a la presentación. Collado destacó el trabajo llevado a cabo por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (IDPEI) de la UCLM, “un referente nacional en estos temas” y su colaboración con el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, cuya directora, Araceli Muñoz de Pedro, también asistió a la presentación, para establecer “los mecanismos jurídicos que articulen el funcionamiento de las administraciones públicas” en materia de prevención.
El coordinador de la Guía junto a Beatriz García Moreno, Adán Nieto, explicó que esta es “una especie de kit de montaje para que cualquier responsable de una institución pública adopte una serie de medidas de prevención de la corrupción”. El investigador del IDPEI dijo que no es preciso más normativa ni acción policial y que anticiparse a la corrupción es algo que los gestores públicos pueden hacer “desde su propia casa adoptando medidas que ya son suficientemente conocidas en otros países”.
Nieto señaló la contratación pública y el urbanismo como temas “donde anida la corrupción”, pero advirtió que esta “se puede colar por cualquier punto”. Por eso es importante no establecer clichés ni “asociar la corrupción a un par de puntos con grandes volúmenes de dinero de por medio”. En este sentido, la Guía insiste en que en la prevención “es vital el análisis de riesgos. Cada institución debe conocerse a sí misma, identificar sus procedimientos más débiles y saber dónde pueden aparecer casos de corrupción”.
Por su parte, el vicepresidente señaló que Castilla-La Mancha ha sido “una de las comunidades pioneras en materia de prevención y lucha contra corrupción” al obligar desde hace años a los gestores públicos a presentar declaraciones de bienes, rentas y actividades. “En este momento tenemos una de las normativas más avanzadas en materia de transparencia, que es una de las claves para prevención de corrupción”, dijo Guijarro, y manifestó, de cara a la próxima legislatura, la intención del Gobierno regional de crear un Sistema de Integridad Institucional “que traslade tranquilidad a ciudadanos y recupere el buen nombre de la gestión pública y de la política en general”.
“La piedra angular tiene que ser el Estatuto del Alto Cargo, que regule muy bien las condiciones que tiene que cumplir en el ejercicio diario con registro de intereses e incompatibilidades cuando vuelva a su actividad profesional”, dijo.
La presentación de la Guía para la prevención de la corrupción en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha se ha enmarcado en una jornada que ha abordado, entre otras cuestiones, cuáles son los elementos básicos para prevenir la corrupción y la prevención de la corrupción por sectores (selección de empleados públicos, contratación pública, concesión y gestión de subvenciones y urbanismo).