El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido hoy en sesión extraordinaria en el Campus de Ciudad Real, ha conocido el plan de ajuste de 20 millones de euros previsto por la institución para 2018 en el que caso de que la Junta de Comunidades no incremente la subvención nominativa de 140 millones contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos regionales. El plan recoge entre otras medidas la reducción de plantillas, eliminación de ayudas y becas al estudio, cancelación de programas de movilidad y suspensión de obras. El Consejo de Gobierno ha mostrado su rechazo total a la consignación presupuestaria.
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) prevé un plan de ajuste de 20 millones de euros para 2018 en el caso de no alcanzar los 160 millones de financiación pública necesarios para el correcto funcionamiento de la institución. De ello ha informado el rector de la Universidad regional, Miguel Ángel Collado, a los miembros del Consejo de Gobierno durante la sesión extraordinaria celebrada hoy en el Campus de Ciudad Real para dar cuenta de la “grave” situación financiera por la que atraviesa la misma.
El rector ha explicado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2018 consigna a la Universidad de Castilla-La Mancha una partida de 140 millones de euros, una cuantía que no llega ni a cubrir sus gastos de personal, cifrados en 148,7 millones de euros y que se elevarían hasta los 151 de acuerdo con la previsión de subida del 1,5% recogida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Ante esta financiación, “inesperada” y “claramente insuficiente”, y de no corregirse durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos regionales, la Universidad de Castilla-La Mancha se verá obligada a llevar a cabo un plan de ajuste que conllevaría “medidas muy dolorosas” como reducciones de personal con la congelación de plantilla de nueva incorporación, la eliminación del personal investigador con contratos predoctorales y postdoctorales, la reducción del profesorado asociado y la eliminación de la acción social. Además, el acuerdo incluiría la supresión de ayudas y becas a estudiantes, la cancelación de programas de movilidad para Personal Docente e Investigación (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantes, el plan propio de investigación y acciones de fomento de los másteres universitarios, la reducción de los gastos de centros y la supresión de obras.
Junto a la infrafinanciación pública que recogen los presupuestos regionales de 2018 para la UCLM, el rector también ha explicado que los mismos contemplan una reducción del 12% de los fondos de investigación y un incremento de recursos inferior al de la Educación en su conjunto u otras universidades públicas que reciben fondos regionales, al tiempo que ha expresado su preocupación por algunas cuestiones relacionadas con el articulado del proyecto.
Ante estos hechos, el Consejo de Gobierno ha rechazado unánimemente el proyecto de presupuestos regionales para 2018 y ha respaldado al Consejo de Dirección en las gestiones realizadas en materia de financiación. Asimismo, ha acordado trasladar formalmente al Gobierno regional las medidas que acarrearía el ajuste de 20 millones de euros en caso de confirmarse la financiación autonómica prevista, e iniciar una campaña de divulgación e información a la sociedad respecto a la infrafinanciación relativa que sufre la Universidad regional. El Consejo de Gobierno también ha manifestado su malestar ante el trato comparativo recibido por la UCLM respecto a otras universidades públicas sostenidas con presupuesto regional.
Éste sería, de confirmarse la asignación nominativa, el segundo plan de ajuste que realizaría la UCLM. El primero obligó en 2017 a la institución académica a practicar una reducción de nueve millones de euros en sus cuentas. Aun así, la Universidad ha conseguido sostener sus servicios de docencia, investigación e innovación a un nivel competitivo. El no poder recurrir a remanentes en 2018 para amortiguar la situación de infrafinanciación autonómica conduciría a un nuevo ajuste de 20 millones de euros adicionales, que pondría en peligro la capacidad de la Universidad regional para prestar sus servicios con la garantía de calidad que hasta ahora los viene prestando.