El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, que entró en vigor en julio del pasado año, está suponiendo una renovación en los casos que llegan al Tribunal Supremo, según ha explicado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) el presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, Luis María Díez-Picazo Giménez.
Aunque aún es pronto para hacer un balance de su aplicación, el nuevo recurso contencioso-administrativo está modificando la relación de asuntos que recibe el Tribunal Supremo, con litigios en materia tributaria, como tributos locales, por ejemplo, que antes no hubieran llegado al Alto Tribunal. Así lo ha explicado hoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, quien ha intervenido en una conferencia sobre este nuevo recurso de casación, que entró en vigor en julio del pasado año, y que ha modificado sustancialmente la forma de resolución de eventuales conflictos entre los ciudadanos y la administración. El principal cambio radica en el propio acceso al Tribunal Supremo, una posibilidad que antes se establecía en virtud de la cuantía objeto de litigio, que tenía que ser superior a los 600.000 euros, y que ahora se establece en el interés casacional para la formación de la jurisprudencia, sin límite económico. La eliminación de este requisito de la cuantía ha hecho posible que «prácticamente cualquier asunto pueda acceder» al Alto Tribunal, según Díez-Picazo, quien no obstante puntualiza que el Supremo cuenta «con un margen de apreciación mayor» para decidir qué asuntos son lo suficientemente importantes como para llegar a esta jurisdicción.
La intervención de Díez-Picazo se circunscribe en el Ciclo de Conferencias sobre Derecho Administrativo español, europeo y global que organiza la Cátedra Jean Monnet, el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Luis María Díez-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde 2008 y preside su Sala Tercera desde julio de 2015. Licenciado en Derecho en 1980 por la Universidad Autónoma de Madrid, con la calificación de Premio Extraordinario de licenciatura, se doctoró en el Real Colegio de España de la Universidad de Bolonia antes de convertirse, por oposición, en letrado del Ministerio de Justicia.
Ha ejercido como abogado en Málaga y en Madrid, actividad que ha compatibilizado con la docencia como profesor en varias universidades, entre ellas la de Castilla-La Mancha.
