Un total de 23 científicos expertos en conservación de aves y murciélagos, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a diversas universidades públicas y a otros organismos de investigación, entre los que se encuentra el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), –centro mixto de investigación dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Junta de Comunidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas–, alertan en una carta publicada en la revista Science de que “el actual proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica en España puede acabar produciendo daños irreversibles a la biodiversidad”.
De no abordar de forma inmediata los múltiples problemas asociados a la implementación de las energías renovables, los investigadores advierten en la carta que “la transición energética tendrá el dudoso privilegio de ser recordada no solo por el cambio de modelo energético, sino por poner en jaque algunos de los valores naturales únicos de España”.
Los investigadores explican que el Gobierno español contempla 89 GW de energía eólica y solar fotovoltaica en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030. Estas previsiones, sin embargo, se han visto desbordadas. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo nacional para evitar una burbuja especulativa en el mercado secundario, ya existen permisos de acceso a la red para proyectos que representan 121 GW, y que se sumarán a los 36 GW de renovables ya instalados, casi duplicando los objetivos del Plan.
Los nuevos proyectos, apuntan, afectarán a suelos baratos, mayormente áreas agrícolas marginales ocupadas por cereal extensivo de secano o áreas de media montaña, ambas con alto valor ecológico. En particular, “los proyectos fotovoltaicos, que ocupan zonas llanas, pueden comprometer la viabilidad de poblaciones de aves esteparias cuyas poblaciones se encuentran ya gravemente amenazadas y que encuentran en España su último refugio europeo o incluso mundial. Estas poblaciones además se encuentran mayoritariamente en áreas no amparadas por la Red Natura 2000, por lo que no existen herramientas legales que permitan blindarlas ante el avance de macroproyectos energéticos”, comenta David Serrano, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
Se sabe que los parques eólicos mal planificados y construidos en áreas donde existen grandes aves planeadoras pueden suponer la muerte de miles de ejemplares y poner en riesgo sus poblaciones. Para aquellas especies sobre las que existe información mínimamente adecuada, como el buitre leonado, “se estima que la mortalidad anual en parques eólicos españoles puede acercarse al millar de ejemplares”, tal como pone de manifiesto el investigador Juan Manuel Pérez-García, de la Universidad Miguel Hernádez de Elche.
Muchas otras especies, algunas de ellas gravemente amenazadas, mueren también en los parques eólicos. Es difícil conocer la magnitud real del problema porque los seguimientos son a menudo deficientes. Así, “el número de murciélagos muertos en estas instalaciones se estima que supera al de aves, y afecta a un mínimo de 200.000 individuos al año”, comenta el investigador Carlos Ibáñez, de la EBD-CSIC.
Estos efectos negativos “nacen de una mala planificación, a menudo basada en información sin actualizar y no contrastada científicamente, generada por las mismas empresas que son beneficiarias de los proyectos. Lo mismo ocurre con los protocolos de seguimiento, que son habitualmente llevados a cabo por las propias empresas, a menudo con muy escasa supervisión por parte de las administraciones”, explican en nota de prensa, para después añadir que los sistemas que se están empleando como disuasorios de aves y murciélagos se han demostrado de “dudosa efectividad”. Los investigadores destacan que hoy por hoy lo más efectivo es evitar ubicaciones en áreas de alta biodiversidad y realizar paradas de turbinas cuando se detecten altas mortalidades.
Los firmantes de esta carta destacan su firme apoyo a las energías renovables, pero abogan por un proceso más planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el conocimiento técnico y científico generado y contrastado con independencia de empresas y promotores. También abogan por un compromiso verde más fuerte, con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, que apuesten por la eficiencia, la gestión de la demanda, el ahorro energético, el autoconsumo y la mejora del rendimiento energético en los edificios, ya que todo ello reduciría los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad.
Los científicos instan a las administraciones estatal y autonómicas, responsables de la gestión del territorio y de la biodiversidad, a “tomar conciencia de los enormes problemas de conservación asociados a la forma en que se están haciendo las cosas, que hay que corregir de inmediato si de verdad queremos que estas energías sean más verdes que grises”, concluye el investigador José Antonio Donázar, de la EBD-CSIC.