El uso de criterios dispares por parte de las administraciones territoriales europeas responsables de designar las zonas donde se permite dejar ganado muerto en el campo “amenaza de nuevo” a las especies carroñeras, según advierten investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la UCLM y de las universidades de Oviedo y la Autónoma de Madrid. En un reciente estudio, sus autores recomiendan la incorporación a la normativa de criterios claros y uniformes que permitan homogeneizar la designación de zonas para su alimentación y que éstas sean lo más extensas posibles.
Investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos –centro mixto dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Junta de Comunidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, y de las universidades de Oviedo y la Autónoma de Madrid han publicado un artículo en la revista internacional Science en el que advierten del riesgo que supone para la conservación de las especies carroñeras (buitres, águilas, osos, lobos,…) la gran heterogeneidad detectada entre los diferentes estados miembros de la Unión Europea, e incluso entre las comunidades autónomas españolas, a la hora de aplicar la misma regulación comunitaria que permite dejar carroñas de ganado en el campo (Regulación EU 142/2011).
Para entender el problema, según explican los investigadores, hay que ir dos décadas atrás cuando, coincidiendo con el estallido de ‘la crisis de las vacas locas’, los científicos europeos alertaron de los problemas de conservación que generaría la retirada de carroñas de ganado del campo. La situación fue “especialmente preocupante” en el caso de España, que alberga más del 90 % de los buitres de Europa, así como importantes poblaciones de otras especies que consumen carroña de modo más o menos frecuente y que están protegidas por la legislación europea y nacional.
Tras la detección de los primeros problemas atribuidos a la falta de alimento, como ataques de buitres al ganado, la Unión Europa modificó en 2009 la normativa sanitaria, considerando la necesidad de conciliar mejor la salud pública y la conservación de la biodiversidad. En el año 2011, Europa volvió a autorizar el abandono de carroñas de ganado extensivo en el campo en zonas previamente designadas por las autoridades competentes. Sin embargo, tal y como alertan los autores de este trabajo, entre los que se encuentra la investigadora del IREC Patricia Mateo-Tomás, la falta de criterios homogéneos para designar las zonas de alimentación de especies necrófagas “puede causar grandes diferencias en disponibilidad de carroñas entre territorios que están implementando una misma normativa”.
Así, explican, mientras que países como Portugal o Bulgaria no han declarado ninguna zona de alimentación, España ha desarrollado su propia normativa al respecto, incluyendo criterios adicionales. No obstante, incluso en el caso español, los investigadores han contabilizado la aplicación por parte de las comunidades autónomas de hasta 8 criterios diferentes a la hora de delimitar las zonas de alimentación para carroñeros en sus territorios. Como consecuencia de ello, cabe esperar, según los investigadores, que se produzcan “desajustes en la disponibilidad de alimento que puedan afectar a la conservación de las especies carroñeras”.
Los autores del trabajo consideran que las legislaciones europeas, que son aplicables a todos los estados miembros, “deberían incorporar criterios claros y uniformes con el objetivo de alcanzar una implementación homogénea en toda la Unión” como es “la designación de zonas de alimentación de especies necrófagas similares en toda Europa. Asimismo, recomiendan “la designación de zonas de alimentación lo más extensas posibles, que reflejen los patrones naturales de alimentación de las especies carroñeras, capaces de desplazarse decenas o incluso cientos de kilómetros”, como es el caso de los buitres.
Las modificaciones propuestas por los autores pretenden contribuir a la iniciativa de la Comisión Europea ‘Legislar mejor’, que anima a la evaluación constante de la normativa comunitaria por parte de los ciudadanos y otras partes interesadas con el objetivo de conseguir una legislación más eficiente.
